En la última sesión del Concejo Deliberante de Paraná, el 5 de julio, ingresó un informe –firmado por el intendente, Sergio Varisco, y la secretaria de Hacienda, Cristina Ruberto–, que reveló que el Presupuesto Municipal de 2018 experimentó 10 ampliaciones y adecuaciones por parte del Departamento Ejecutivo, que ascendieron a la suma de 784,5 millones de pesos, sobre un presupuesto previsto para dicho ejercicio fiscal de 3.685, 4 millones de pesos.
Así lo informó la presidencia del Concejo, y además recordó que la ordenanza que aprobó ese presupuesto, delegó en el Ejecutivo la facultad de incorporar y/o regularizar los remanentes de recursos que surjan del cierre del ejercicio 2017, debiendo comunicarlo al Concejo, pero ese último trámite fue formalizado por el Ejecutivo seis meses después del cierre del ejercicio 2018.
La incertidumbre por la continuidad de los diferentes frentes de obra en el municipio se profundizó tras conocerse que ya en abril el Ejecutivo municipal había ejecutado el 86% del presupuesto 2019. Sucede que ya están vencidos los certificados de obra correspondiente a mayo y está próximo a producirse el vencimiento de los certificados de junio. La mayor preocupación radica en la continuidad de las fuentes laborales relacionadas a estas obras.
Tanto las empresas como la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) están planteando elaborar un plan de contingencia que permita llevar adelante las obras que están en marcha, minimizando el impacto en la reducción de los puestos de trabajo, reducción que a esta altura se considera inevitable.
Según dejan trascender sectores vinculados tanto al gremio como a las empresas, se requiere que el Ejecutivo municipal blanquee la situación, respondiendo a un pedido de información respecto de los recursos con que contará la administración municipal hasta la finalización de la gestión. Obviamente, se requiere conocer los recursos para poder elaborar un plan de contingencia.
Según publicó Análisis Digital, la falta de pago de los certificados vencidos en mayo ya afecta a algunas de las empresas que desarrollan obras del municipio. El grupo que tiene a cargo la obra de la peatonal San Martín (Szczech, Caballi y Cemyc) ya maneja información acerca de una reducción a un tercio del financiamiento actual. El presupuesto inicial de los trabajos era 240 millones de pesos aproximadamente, pero el mismo Varisco admitió que por la inflación ese costo se había duplicado. Lógicamente, si el ritmo de la obra se desacelera, la inflación impactará durante más meses en el costo final de la obra.
Igualmente se considera que también corren riesgos los planes de obra del Programa de Mejoramientos de Barrios (Promeba). El programa se relanzó en abril, en el marco de la campaña, y que contaba con un presupuesto inicial de 500 millones de pesos. La obra está a cargo de la empresa Oicsa y lleva adelante un plan que incluyó reformas en los barrios Las Flores, Villa María, Humito y otros más. Se proyectaron mejoras en trazas viales, pavimentación, sistemas de desagües pluviales, tendido de redes cloacales, luminarias, canalización de arroyos, estabilización de barrancas, equipamiento urbano, entre otras reformas. En este caso, además de los empresarios y los trabajadores, los vecinos se preguntan sobre la continuidad de las obras. También se redujo el ritmo de obra del “plan intensivo de bacheo” en Paraná, que representaba inicialmente una inversión de 120 millones de pesos con cuatro meses de ejecución a cargo de las empresas Losi y Demartín.
El no pago del mes de mayo repercute de manera distinta en los empresarios. Trascendió que la empresa Barón decidió paralizar las obras de 60 cuadras que tenía a su cargo por la falta de pago por parte del municipio, que le adeudaría 11 millones de pesos cuando venza el certificado de junio.
