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Piden la urgente intervención del CIDH por el caso de la mujer expulsada del país con un bebé argentino

Vanessa Gómez fue expulsada en enero de la Argentina. Su abogado, junto con organismos internacionales y de Derechos Humanos, presentaron una Medida Cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda accionar de forma urgente ante esta situación y logre volver al país a reencontrarse con su familia.

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Hace tres meses y medio que Vanessa Gómez no ve a sus dos hijos de 6 y 14 años. Es que a principios de febrero, sin posibilidad de despedirse y en medio de un operativo colmado de mentiras, irregularidades y vulneración de derechos,Vanessa fue expulsada hacia su país de origen, Perú, junto a su hijo de dos años, todavía lactante, que es argentino.

No sólo la separaron de su familia (su mamá y sus hermanas viven en Argentina desde hace más de 20 años), sino que además las autoridades decidieron expulsar a un ciudadano argentino como su hijo Micael, de apenas 2 años. Además de la deportación, la mujer de 33 años tiene prohibido de por vida pisar el suelo argentino. Es decir que la única forma de volver a reencontrarse con sus hijos es que ambos dejen el lugar en el que nacieron y se vayan con ella a Perú.

Vanessa fue detenida en 2011 en una causa de narcomenudeo y cumplió los cuatro años de condena en el Penal de Ezeiza. Cuando estaba por renovar su residencia en 2015, las autoridades de Migraciones le notificaron que estaba en trámite su expulsión del país. Para ese entonces la mujer de 33 años ya era mamá de dos niños argentinos.

Esta semana su abogado defensor, Juan Martín Villanueva, el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Amnestía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares a favor de Vanessa Gómez para que pueda intervenir y dar una urgente respuesta a su pedido: volver a estar junto a sus hijos y su familia.

“La expulsión de Vanessa y su hijo menor se enmarca en un contexto regresivo en materia de derechos de las personas migrantes en la Argentina. En enero de 2017 se formalizó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/17, mediante el cual se modificaron algunos aspectos de la Ley de Migraciones N° 25.871 que reforma dos cuestiones centrales que tenía la ley de migraciones y hoy no. El DNU estableció un procedimiento sumarísimo que vulnera las garantías procesales y el derecho de defensa. En particular, estableció una limitación a la dispensa por unidad familiar incluida en el artículo 29 de la referida ley”, explicó Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS.

Y agregó: “Además hasta el DNU un inmigrante podía ser expulsado en relación a un hecho criminal grave que tenga una pena superior a los tres años de prisión. Sin embargo, ahora pueden ser expulsados por cualquier tipo de delito. Es decir que ya no se necesita una condena sino con la mera judicialización del caso alcanza”.

EL CASO

Vanessa Gómez Cuevas tiene 33 años y fue expulsada el 4 de febrero del país. Es mamá de tres hijos argentinos: una de 14, un nene de 6 y un bebé de dos años. Como el más chiquito todavía es lactante, la Justicia resolvió que la mujer sea expulsada con él, a pesar de ser ciudadano argentino.

La Ley de Migraciones, la Constitución Nacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño contemplan la reunificación familiar por sobre todo en estos casos. A la Justicia no le importó que sus otros dos hijos, menores de edad, hayan quedado sin su madre y el chico más pequeño haya sido expulsado de su propio país.

La historia de Vanessa comienza en 2011, cuando ingresa al país y la detienen en el ingreso a Ezeiza. Ella ya había estado en el país antes de ser detenida (su hija más grande es argentina), pero ese año fue contratada por una banda de narcotraficantes como “mula” para ingresar estupefacientes. La mujer peruana de 33 años cumplió una condena de cuatro años de prisión en el Penal de Ezeiza de Mujeres.

En 2014, Vanessa quedó en libertad y comenzó a rehacer su vida en el país. No sólo tuvo otros dos hijos, sino que además estudió la tecnicatura en enfermería y empezó a trabajar como enfermera.

En 2015, cuando pidió renovar su residencia, la Dirección Nacional de Migraciones que depende del Ministerio de Interior le informó que, como tuvo una condena en el país, alcanza para que el Estado comience su proceso de expulsión. El Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº5 a cargo de la jueza María Alejandra Biotti no le asignó una defensa oficial (ella se había quedado sin defensa) y por eso la mujer no pudo recusar la decisión de expulsión y la deportación quedó firme.

Dos años después, desde la Justicia enviaron una notificación sobre la expulsión a una vivienda en la que ya no vivía. Ella nunca se enteró y desde el juzgado nunca intentaron contactarla a pesar de tener su teléfono y su correo electrónico.

El 1° de febrero una patrulla fue a buscarla y se la llevaron diciéndole que se trataba de una notificación pero en realidad era el pedido de detención previo a la expulsión. Hacía poco tiempo que Vanessa había contactado a un nuevo abogado, Juan Martín Villanueva, pero como no había recibido ninguna notificación de expulsión no estaban enterados de que se había efectivizado.

El letrado inmediatamente comenzó a realizar una serie de apelaciones, amparos y hábeas corpus para frenar la orden de expulsión de Vanessa, pero finalmente el 4 febrero la deportaron junto a su hijo de dos años.

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