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Avanza la investigación sobre la conexión policial con los saqueos

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José Ignacio Candioti es uno de los cuatro fiscales designados por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para integrar la comisión que recolecta información acerca de las causas judiciales iniciadas en el país en relación a las protestas policiales y saqueos de los últimos días e investiga los vínculos entre ambos hechos.
La comisión se creó el lunes y, además de Candioti, del Tribunal Oral Federal de Paraná, la componen Rodolfo Domínguez, de San Isidro, Federico Carniel, de Resistencia, y Adolfo Villate, de Rosario.
Para una mejor organización, los fiscales dividieron el trabajo: Candioti y Villate se ocupan del centro del país (Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis), Carniel cubre el norte (Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, La Rioja) y Domínguez tomó Buenos Aires y el sur del país.
La acción conjunta con los poderes judiciales de las provincias es clave para la labor de los cuatro hombres de la Justicia, que el jueves se reunieron por primera vez. Fueron siete horas de trabajo en las que definieron un plan de acción. Planean mantener encuentros semanales y el próximo será el jueves que viene.
En esa reunión inicial, que tuvo lugar en Buenos Aires, se analizaron las denuncias existentes hasta entonces en las distintas jurisdicciones del país. Puntualmente, se estudiaron las presentaciones formuladas por el fiscal de Mar del Plata, Daniel Adler, otra motorizada desde la Fiscalía federal de Resistencia y una tercera promovida por el gobierno de Santa Fe, en cuyo contenido se considera que la movilización de personal de fuerzas de seguridad con armas de fuego, haciendo ostentación de las mismas en circunstancias extrañas el servicio y con la intención de arrancar medidas al poder público, puede consistir en un alzamiento que, por darse simultáneamente en otros puntos del país, haya puesto en riesgo la vigencia de las instituciones.
“La comisión también ordenó una serie de medidas, pero justamente para garantizar su éxito, es que no vamos a darlas a conocer”, precisó Candioti. En principio, el órgano tiene una vigencia de dos meses y cumplido ese plazo se analizará si se amplía el plazo y se continúa trabajando.
Contó el fiscal que es importante el volumen de material que se recibe continuamente desde distintos puntos del país. Para su ordenamiento, se creó un apartado especial en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal, adonde funcionarios judiciales de todo el país van remitiendo los informes.
FIRME. Para Candioti, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) entrerriano, Jorge García, “tuvo una actitud muy firme y fue uno de los primeros a nivel nacional en hablar de sedición, y esa postura proactiva hace que los fiscales actúen en consecuencia”.
Esa determinación se tradujo en el rol que hoy están desempeñando los fiscales de la provincia, dos de los cuales, Fabio Zabaleta y Germán Dri, fueron mencionados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la red social Twitter.
Puntualmente, la jefa de Estado se refirió al allanamiento realizado en Concordia en la casa de la madre de un policía que participó del acuartelamiento esta semana, donde fueron hallados numerosos electrodomésticos robados en negocios de la ciudad durante los saqueos.
“Allanaron el domicilio de un suboficial de la Policía provincial y encontraron varios lavarropas automáticos, una hidrolavadora, una aspiradora, un motor eléctrico y varias herramientas posiblemente sustraídas de locales comerciales ubicados sobre la avenida Tavella”, describió Cristina.
El policía en cuestión es un sargento de apellido Valdez, que el domingo a la noche ingresó a la Jefatura Departamental de la fuerza. “Necesitamos muchos fiscales más como Zabaleta y Dri de Entre Ríos”, valoró la Presidenta.
Zabaleta, uno de los fiscales mencionados por la Presidenta que, junto a Dri estuvo de turno durante los incidentes, dijo a Radio del Plata que son varios los allanamientos realizados en domicilios de policías. Destacó la colaboración de la ciudadanía, que participa activamente aportando datos a la investigación.
Conexiones de ese tipo son las que investiga la comisión que integra Candioti. En Concordia ya se realizaron más de 600 procedimientos y prosigue la recuperación de elementos sustraídos durante los saqueos. Cuatriciclos, televisores, acondicionadores de aire, lavarropas y también bebidas alcohólicas predominan entre el material secuestrado.

Instigación, sedición y saqueo
Candioti explicó a EL DIARIO, en términos sencillos, en qué consisten y cuáles son las penas de los delitos que se investigan.
Respecto a la sedición, explicó que está tipificado dentro del capítulo de los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, en el artículo 229 del Código Penal. Prevé una pena máxima de seis años de prisión. “Contempla muchas posibilidades. Una de ellas es protestar con exigencias, portando armas, queriendo arrancar medidas a los gobiernos”, graficó.
La asociación ilícita es otro de los delitos que se investiga. A su comisión apunta la denuncia por los hechos sucedidos en Mar del Plata. Figura en el artículo 210 del Código Penal y contempla penas de hasta 10 años de cárcel. Es cuando tres o más personas forman un grupo y se reúnen para cometer delitos.
En cuanto al saqueo, no es una figura que integre el Código. Se trata de un delito contra la propiedad y lo que se castiga es lo que se denomina “robo calamitoso”, con penas de hasta 10 años de prisión. “La dureza del castigo es mayor que en el robo común, que prevé penas de hasta seis años, porque el autor se aprovecha de la situación de indefensión que sufren los bienes en un contexto de perturbación pública. El autor del delito va y se apodera de bienes ajenos por la fuerza, entrando a negocios rompiendo las puertas, porque están ausentes las fuerzas de la prevención”, ejemplificó Candioti. Acotó que el delito se agrava cuando quien lo comete es, a la vez, miembro de una fuerza de seguridad, pero aclaró que tal situación no se ha verificado hasta el momento en ninguna provincia.
La instigación, por último, se da cuando se impulsa públicamente a otro a cometer un delito. Las penas van de los dos hasta los seis años y la graduación depende del delito al que se instiga. “Quien instigue un robo calamitoso, lo que comúnmente se denomina saqueo, puede recibir seis años de pena”, comentó el fiscal. Las redes sociales son uno de los métodos para instigar y no importa si quien impulsa el delito es luego partícipe o si finalmente el delito se comete o no. Según Candioti, hay métodos disponibles para individualizar a los autores de este tipo de delitos, del mismo modo que se logra dar con quienes cometen amenazas vía celulares o correos electrónicos.

 

Fuente: Luciana Dalmagro, para El Diario.

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