El proyecto de ley está firmado por el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, y por sus colegas de bancada Marcelo Fuentes, Marina Riofrío, Aníbal Fernández, Marcelo Guinle y José Mayans. Será tratado en la comisión de Asuntos Constitucionales “más temprano que tarde”, aseguró una fuente de esa bancada a la agencia DyN.
El “per saltum” permite que el máximo tribunal tome un caso sin respetar los pasos ordinarios que debe cumplir en instancias judiciales anteriores para acelerar su resolución. Según el texto del oficialismo, esto funcionará «con mecanismos restringidos y de marcada excepcionalidad».
«Existirá gravedad institucional» en aquellas cuestiones sometidas a juicio que «excedan el interés de las partes en la causa» y se proyecten «sobre el general o público» de modo que su trascendencia comprometa «instituciones básicas del sistema republicano del gobierno» y garantías constitucionales o contenidas en tratados internacionales, precisa el proyecto.
Establece, además, que «sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia y las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos».
El recurso “no procederá” en causas de materia penal, indica el texto.
La iniciativa, basada en el artículo 257 bis y ter del Código Civil y que fue utilizada durante el gobierno de Carlos Menem en causas vinculadas a las privatizaciones, subraya que deberá interponerse directamente ante la Corte Suprema mediante «escrito fundado y autónomo» dentro de los diez días renotificada la resolución impugnada.
La voluntad de avanzar con esta medida se conoce en momentos en que el Gobierno intenta que el máximo tribunal tome cartas en la puja que tiene lugar en el seno del Consejo de la Magistratura en torno a la designación de jueces. El conflicto tiene su principal escollo en el nombramiento de un magistrado para el juzgado federal en lo civil y comercial Nº1, que debe pronunciarse sobre la presentación que el Grupo Clarín hizo contra la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La disputa llevó al Gobierno a denunciar a miembros del consejo porque entiende que ha entorpecido la designación de jueces, al tiempo que ha pedido a la Corte que intervenga. Sin embargo, fuentes del palacio de justicia dijeron ayer a Infobae.com que eso no es posible ya que “se trata de un tema político e institucional y no jurídico”, “un conflicto interno del Consejo” en el que “la Corte no tiene facultades para actuar”.
Fuente: Infobae
