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El STJ anuló la prescripción en la causa contra Ilarraz

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La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), compuesta por los vocales Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Carlos Chiara Díaz, le asestó así un duro revés a la estrategia del sacerdote, Justo Ilarraz, acusado por abusos de menores en el Seminario de Paraná, entre 1985 y 1993: dictó nula la prescripción de la acción penal dictada en agosto último por la Sala Primera de la Cámara del Crimen.
El cura había sido enviado al destierro por la Iglesia local a mediados de la década de 1990, cuando se conocieron los hechos, pero había conseguido cobijo en el clero de Tucumán. En aquella provincia ejerció el sacerdocio hasta septiembre de 2012, cuando fue suspendido temporalmente.
Hace dos meses, el procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, solicitó a la Sala Penal del alto cuerpo la nulidad de la resolución de prescripción, al entender que los camaristas solamente se expidieron en torno a dos de las denuncias realizadas por víctimas del Seminario de Paraná y no así respecto de las otras cinco testimoniales existentes. En consecuencia, García requirió que el expediente siga su curso investigativo en el Juzgado de Instrucción a cargo de Alejandro Grippo o bien sea la Sala Segunda de la Cámara Primera Penal la que se expida al respecto.
El proceso. A finales de agosto de 2012, casi un año después de que se iniciara la causa penal contra el cura Ilarraz, la Sala Primera de la Cámara del Crimen concedió el recurso de casación presentado por el fiscal Rafael Martín Cotorruelo. Veinte días antes, la Cámara había dado vuelta un fallo de primera instancia del juez de Instrucción Alejandro Grippo, y dijo que los delitos que se le imputan a Ilarraz están prescriptos, y por lo tanto no hay posibilidades de continuar con la investigación, tal como lo había pedido la defensa del cura, representada por los abogados Jorge Muñoz y Juan Ángel Fornerón.
La causa Ilarraz involucra el testimonio de siete víctimas, que contaron en la Justicia de qué modo, siendo adolescentes, fueron abusados por Ilarraz mientras permanecían como pupilos en el Seminario, cursando la escuela secundaria. Esos menores habían llegado al Seminario en calidad de pupilos a cursar la escuela secundaria, y tenían a Ilarraz como director espiritual y confesor.
Los hechos, antes de llegar en septiembre de 2012 a la Justicia, fueron investigados por la Iglesia, por orden del ex arzobispo Estanislao Karlic. Pero nunca fue denunciado ante ningún juez, aún habiéndose comprobado la existencia de los hechos.
Estrategia. El planteo de la defensa respecto de la prescripción parte de una mirada lineal de la causa: a Ilarraz se le imputa el delito de promoción a la corrupción agravada, que tiene una pena máxima de 15 años de prisión, plazo que, dicen, está largamente excedido. Pero esa mirada no fue compartida por el juez Grippo, que en mayo último había rechazado esa vía. Grippo se apoyó en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, la misma que ya ha condenado a la Argentina, y la ha obligado a revisar casos que se habían declarado prescriptos), y dijo que los hechos imputables a Ilarraz vulneran derechos reconocidos por convenciones internacionales, con rango constitucional.
Así, sostuvo que “las víctimas no solamente sufrieron ataques contra su integridad sexual siendo niños, sino que éstos no tuvieron la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales a efectos de que se investiguen los hechos por ellos padecidos”, y en esa tesitura sostuvo que se estaría ante una grave violación a los derechos humanos de los denunciantes, ya que se habrían vulnerado sus derechos amparados en las Convenciones Internacionales.
Pero dos de los tres camaristas de la Sala Penal, Hugo Daniel Perotti y Miguel Ángel Giorgio –el tercero, José María Chemez no votó, por estar de licencia por enfermedad– no coincidieron con el planteo del juez, y a principios de agosto declararon prescripta la causa.
Pero, según informó el sitio de noticias Entre Ríos Ahora, el STJ dictó la nulidad de la resolución, y ordenó que el expediente vuelva a la Cámara, aunque para resolver el planteo de prescripción se deberá conformar otro tribunal.

AL MARGEN
Comunicado
. En un parte de prensa, el Arzobispado de Paraná hizo saber ayer que “el señor arzobispo no sabe ni conoce el paradero del sacerdote Justo Ilarraz. Este derecho no le corresponde debido a que el padre Ilarraz no depende de esta arquidiócesis. Esta información le corresponde conocer a la diócesis en la que el sacerdote está incardinado. El arzobispo solo manifestó que las actuaciones están en Roma”, finalizó.

Puiggari dijo que está dispuesto a declarar
El arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, habló por primera vez públicamente de las acusaciones por abuso de menores contra el cura Justo José Ilarraz. Fue a la salida de la reunión que mantuvieron los obispos entrerrianos con el gobernador Sergio Urribarri. Allí dijo, sobre la situación del sacerdote acusado, que se encuentra en el Vaticano y que “si hay que tomar alguna decisión (respecto de su situación), la tomará Roma”. También dijo que está dispuesto a declarar en la causa judicial que se tramita en la capital entrerriana y que durante el proceso se reunió con las víctimas. “Yo no tengo nada más que hacer que esperar la justicia, no tengo otra posibilidad”, afirmó. “Estamos esperando, pero la Iglesia de Paraná no tiene ninguna decisión que tomar respecto de Ilarraz; la instancia está en el Poder Judicial y hay que esperar el fallo”, dijo Puiggari. En diálogo con la prensa, se planteó cierta duda respecto al paradero de Ilarraz. No obstante, ratificó que el religioso no puede ingresar a Paraná, tal como lo dispuso Estanislao Karlic, en 1996, tras la investigación interna que hizo la Iglesia por los abusos denunciados.
La noticia sobre el posible viaje al exterior del cura abusador no dejó de sorprender, puesto que se entendía que aún existía una prohibición judicial para salir del país, tras el pedido concreto formulado por los abogados querellantes Marcelo Baridón y Álvaro Piérola.
Asimismo, Puiggari dijo que su postura respecto de la investigación fue “dejar que la justicia hable, sin emitir opiniones hasta que la justicia termine de manifestarse” y que en su momento aportó “todos los expedientes y declaraciones que había en la curia. Ahora la palabra la tienen ellos”, insistió en diálogo con Análisis Digital.
–¿Usted va a declarar en la causa judicial?
–Sí, si lo piden, sí.
–En su momento había puesto algunas condiciones para hacerlo.
–No, no es que puse condiciones, sino que en ese momento se había mediatizado todo, se hablaba de muchas cosas que estaban reservadas, informes de menores y los mismos abogados de ellos me pedían que no diera datos. Entonces estaba esperando que se serenara todo eso para declarar, precisamente para que al día siguiente no saliera a los medios y se violara la intimidad de los menores.

Fuente: El Diario

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