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«Es imposible un básico de $ 7.000 en el sector público»

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En conferencia de prensa, el jefe Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, remarcaron que «con la aplicación efectiva del decreto la enorme mayor de efectivos van a ver mejorada su situación».

 

«Garantizamos que en la próxima aplicación del decreto todos reciban el haber que corresponden sin ningún tipo de disminución», dijeron los ministros desde el microcine del Palacio de Hacienda.

 

«No estamos respondiendo a ningún petitorio, ni reclamo», afirmó Abal Medina, quien rechazó la posibilidad de entregar un salario básico de 7.000 pesos para las fuerzas, como exigían. «Es imposible un básico de ese nivel en ninguna área del sector público», sostuvo.

 

Para las escalas más bajas, en el caso de los marinos, los montos básicos subieron de $ 626 a $ 2.696 pesos, y del cabo primero de Gendarmería pasó de $ 701 a $ 2.853, lo que implica mayores remuneraciones por los otros conceptos como antigüedad, que se calculan del básico.

 

Abal Medina exigió otro comportamiento a los uniformados que durante la protesta cometieron «actos absolutamente inadmisibles» y que «por la tarea (que tienen) de cuidarnos a todos y todas no deben incurrir en otro tipo de acciones».

 

Además, el jefe de Gabinete vinculó las sanciones a los ocho uniformados con la agresión a los vehículos que trasladaban a personal jerárquico de las fuerzas y al episodio que protagonizó el ministro Lorenzino, que durante dos horas estuvo retenido en el edificio Guardacostas sin escapatoria. «Los procedimientos de sanción fueron aplicados por el Ministerio de Seguridad según cada reglamento, nadie va a ser sancionado por reclamar (mejoras salariales). Para eso existen los canales de diálogo preestablecidos», afirmó Abal Medina.

 

Sobre la acusación pública que se ventiló la semana pasada contra estudios jurídicos, personal activo y retirado de las oficinas de legales de las fuerzas y un grupo de jueces que aceptaban cautelares, Abal Medina dijo que «lamentablemente tenemos que denunciar que la situación no solo confirma las sospechas sino que las agrava».

 

Anunció que el Gobierno inició «acciones judiciales» tras constatar «una verdadera industria del juicio» en torno a los haberes de efectivos de Prefectura y Gendarmería, que involucra a jueces, abogados y altos y bajos mandos de ambas fuerzas. «Se avanzó en la denuncia penal respecto de retirados de la fuerza y efectivos que estarían implicados en alguna de estas maniobras», expresó por su parte Lorenzino.

 

«Hemos constatado, por lo que hay acciones judicial presentadas esta mañana, que las modalidad de pago presentaba deficiencias y están al borde de situaciones que son delictuales», sostuvo el jefe de ministros.

 

El jefe de Gabinete afirmó que «el 60% del personal de Prefectura y Gendarmería tenían sus haberes judicializados» gracias a un «festival de prácticas judiciales en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las Fuerzas».

 

Asimismo, agregó que «los únicos que se van a ver perjudicados (con la aplicación del decreto) son los que usufructuaron medidas cautelares para cobrar cifras exhorbitantes, que son minoría».

 

Además, Lorenzino aseguró que a raíz de la supuesta liquidación errónea de haberes «se intervinieron las área que era menester intervenir». «Vamos a terminar con este desquicio administrativo», lanzó.

 

• Sigue la protesta

 

Enterados del anuncio del Gobierno, los uniformados evalúan los pasos a seguir en las puestas de la sede central de Prefectura. Uno de los voceros de los prefectos, el suboficial José Luis Cabañas, aseguró este martes por la mañana que seguirán con el reclamo hasta tener una «respuesta favorable» a sus pedidos, aunque aclaró que tienen «fe de que todo va a salir bien». Entre otros puntos, además del básico de $ 7.000, pedían poder elegir su obra social y la ART y la seguridad de que no habrá represalias por las jornadas de protesta.

 

Uno de los gendarmes que denunció haber sido desplazado días atrás, Raúl Maza, reiteró en las últimas horas que la decisión oficial de pasarlo a disponibilidad es parte de las «represalias» del Gobierno por la realización de la protesta. En declaraciones radiales, Maza explicó que la medida es «una represalia que no corresponde». «Somos ocho los sancionados, los que fuimos visibles y otros fueron amenazados», explicó Maza.

 

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