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La querella coincide con cargos que levantará la Procuración

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Restituida la paz social y restablecida la institucionalidad democrática tras los violentos incidentes ocurridos en Concordia en la tarde noche del domingo 8 y el lunes 9 de diciembre, cuando la comunidad de la Capital nacional del citrus vivió horas de violencia e inseguridad, desde la Justicia y el Poder Ejecutivo se dieron sólidas muestras de que los robos y la pérdida de vidas como consecuencia del abandono, impulsado por un grupo de efectivos de la Policía de Entre Ríos, de las funciones que le son propias a esta fuerza, no quedarán impunes.
El abogado Marcos Rodríguez Allende informó a EL DIARIO que se presentará como querellante particular en representación del jefe de la Departamental Concordia, Lucio Villalba, y los demás oficiales y suboficiales que se encontraban cumpliendo funciones cuando un grupo de policías sublevados tomaron la sede policial por la fuerza. Incluso, en medio de los forcejeos hubo agresiones físicas y amenazas a los responsables de mantener la Departamental en servicio.
El letrado consideró que fue muy importante la actuación del Procurador General de la provincia, Jorge García. En ese sentido sostuvo: “Coincidimos absolutamente con la posición del Procurador General. De ninguna manera se puede permitir que un grupo de personas que ostentan el monopolio de la fuerza pública hayan ingresado violentamente en una jefatura departamental, desconociendo totalmente las jerarquías que le son propias a la institución policial”. Además, Rodríguez Allende destacó que “no sólo que desconocieron a sus superiores, sino que incurrieron en gravísimos actos de violencia contra los oficiales que estaba de guardia esa noche”.
LOS CARGOS. El jefe de la Departamental Concordia realizó la correspondiente denuncia en sede judicial una semana después de los violentos incidentes. La presentó ante la Fiscalía de turno a cargo de Mariana Alias, junto al comisario inspector Ariel Silva, jefe de Logística, que también fue agredido. Concomitantemente, desde la Procuración General se iniciaron las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades de los efectivos sublevados y de los civiles que cometieron robos y desplegaron un accionar que puso en riesgo vidas y bienes de los ciudadanos. En este sentido, el procurador García, en una entrevista con esta Hoja manifestó que “el encuadramiento normativo de los funcionarios policiales está en el delito de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados y, además, la instigación a robos calificados. Por el lado de los autores de los saqueos, robos calificados de manera reiterada en aprovechamiento de la calamidad”.
Rodríguez Allende manifestó que “no sólo pretendemos acompañar a la acusación pública, sino que queremos ser parte de este proceso judicial en el cual, en definitiva, se juzgará a estas personas violentas” de las que, por el desmedido accionar que desarrollaron, aseguró que “no pueden permanecer ni un minuto más en la institución policial”.
Tras reiterar que comparte la calificación legal de la Procuración, el abogado opinó que “además de haber resultado perjudicados mis representados, lo fueron también la sociedad entrerriana, el Estado y, en particular, la institución policial, puesto que esta última fue agraviada cuando los policías que estaban de servicio en cumplimiento de las funciones que les son inherentes, tal es la de garantizar la seguridad de la población, fueron atacados y violentados por sus pares”.

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