La iniciativa legislativa que establece un marco regulatorio para los sistemas de video vigilancia fue motivo de un encuentro entre los diputados Diego Lara y Fabián Flores (Frente Entrerriano Federal) y el jefe de la Policía, Héctor Massuh. El cónclave tuvo como objetivo acercar posiciones sobre el uso de la tecnología en materia de políticas de seguridad, tema que ya se estudió en el seno del cuerpo legislativo entre representantes de diferentes fuerzas.
Este método, que ha sido anunciado para prevenir el delito, ya ha sido puesto en marcha en algunas ciudades de la provincia, y se encuentra en la agenda legislativa luego de la presentación de un proyecto de ley que pretende regular el uso de las técnicas de vigilancia electrónica. Todas las fuerzas, con algunos reparos, llegaron a un acuerdo en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Sólo se aguarda su tratamiento en el plenario.
El proyecto “regula en la provincia la instalación y utilización de sistemas de captación de imágenes en la vía pública o lugares de acceso público y su posterior tratamiento con el objetivo de garantizar la convivencia ciudadana”. El jefe de la Policía consideró al proyecto de suma utilidad ante la generalización de este tipo de mecanismos.
“Massuh volvió a expresar su respaldo al proyecto y destacó la necesidad de contar en la provincia con una ley como ésta, tanto por los derechos que protege como por el aporte de estos mecanismos a la tarea policial”, reseñó Lara al término del encuentro. Igualmente el autor del proyecto contó que Massuh entiende que –al igual que él– “la sanción de la ley es necesaria para darle un marco legal a un tipo de dispositivo en el cual el gobierno provincial tiene prevista una fuerte inversión”.
Acuerdo. Todas las fuerzas que tienen representación en la Legislatura se han manifestado de acuerdo en que un proyecto regule el uso de sistemas tecnológicos dentro de las denominadas políticas de seguridad. Pero antes de la aprobación, hubo que resolver cuestiones de fondo referidas al marco legal. Uno de ellas fue hasta dónde avanzar sin violar los derechos personalísimos de las personas. Otro es qué valor tendrá esa información registrada en un proceso penal.
El proyecto, en su artículo 7º, prohíbe la cesión o copia de las imágenes. “Cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a las grabaciones deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas, siéndole de aplicación, en caso contrario, lo dispuesto en la legislación penal”, dice el texto.
Una de las garantías que destacó la diputada del Frente Amplio Progresista (FAP), María Emma Bargagna, fue que se prohíbe registrar datos personales o sensibles en archivos, registros o bancos que “no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad y que conlleven a la obtención de imágenes que revelen el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual de las personas”. En ningún caso, las videocámaras podrán captar sonidos.
La obtención de imágenes no tendrá, “en principio, por objetivo la formulación de denuncias judiciales por parte de la autoridad de aplicación y monitoreo, salvo la presencia de hechos delictivos, lo que tendrá que denunciarse dentro del plazo de 24 horas desde su captación ante la justicia”.
Mapa
Para la diputada Bargagna “es correcto” que el proyecto en danza prevea un mapa que marque dónde van a estar las videocámaras, porque así lo que se hace es prevención y no vigilancia. En algunas ciudades como Concordia, La Paz, Rosario del Tala, María Grande, Diamante, Chajarí, Crespo, Villa del Rosario y Tabossi se ha avanzado en sistemas de cámaras, y en otros tantos municipios se están gestionando. Por eso se quiere regular a través de una ley sobre este tema.
Fuente: El diario.
