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Se desarrolló una jornada para el abordaje de la violencia y la trata de personas en La Paz.

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Estas instancias resultan de mucho provecho para el trabajo que se viene haciendo en toda la provincia, articulando el esfuerzo de los tres poderes del Estado, con los municipios y la sociedad civil, para prevenir la violencia en nuestra sociedad, erradicarla, y promover el respeto de los derechos humanos”, expresó la secretaria General de la Gobernación, Sigrid Kunath, al término del encuentro.

Junto a la secretaria General del Ministerio de Gobierno y Justicia, Lucila Haidar, Kunath expuso las herramientas establecidas en el protocolo, así como las líneas de trabajo para este año y su articulación a escala municipal en todo el territorio de la provincia.

“La posibilidad de encontrarse las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que actúan territorialmente en cada municipio, junto a las organizaciones sociales, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación significa una oportunidad muy importante de articulación y puesta en sintonía.

Así que celebramos la iniciativa del Concejo Deliberante de La Paz que ha organizado esta jornada”, expresó la secretaria General de la Gobernación.
Participaron en la organización, el viceintendente de La Paz, Carlos Bilbao, y las concejalas Susana Gabini y Gilda Ramírez. Y las disertaciones se completaron con la jueza de Familia de Diamante, Eleonora Murga, y la directora del Programa de Prevención de Violencia en Vínculos Familiares de San Justo, Fabiana Loker. Además acompañaron el desarrollo de la jornada el Juez de Familia del Departamento La Paz, Fernándo Baez, el secretario General del Municipio, Lisandro Roldán, y el senador provincial por el Departamento, Aldo Ballestena.

En ese marco, Kunath enumeró las actividades desarrolladas el año pasado que “tienen que ver con la puesta en un lugar visible del tema de la violencia”, dijo. Además se refirió a la vinculación del Protocolo de violencia con los anteriores, de Abuso Sexual Infantil, y de Trata de Personas: “lo que tomado en su conjunto, plasma una verdadera definición política del gobernador Sergio Urribarri, que es el combate de la violencia en nuestra provincia”, sintetizó.

“Nosotros hemos decidido vivir en una sociedad menos violenta, más igualitaria, con más inclusión social. Esto implica que atendamos cada situación particular y sus derivaciones. A veces algunos entrerrianos no saben los derechos que tienen, y no los están gozando. Es ahí donde el Estado debe hacerse cargo de evitar estas situaciones que vulneran los derechos. Tanto donde hay una mujer golpeada, como cuando un chico es obligado a trabajar en vez de estar jugando o en la escuela”, ejemplificó Kunath.

Con los municipios

En cuanto al trabajo con cada localidad en toda la provincia, la secretaria General de la Gobernación, sostuvo que “la idea es profundizar las acciones que se han desarrollado a lo largo del año pasado desde la puesta en vigencia de este Protocolo, y a partir de ahí articular con los municipios de la provincia, visitándolos, explicándoles la necesidad de trabajar en conjunto sobre esta temática, y comprometiéndolos”.

“De nada serviría el esfuerzo que se hace desde la Provincia sino se completaría el circuito trabajando con los gobiernos locales, ya que son ellos los que están en contacto más directo con los ciudadanos, y por lo tanto es indispensable estar en la misma sintonía, cooperando para alcanzar, desde el Estado en su conjunto, las mejores herramientas para combatir la violencia”, finalizó Kunath.

En el mismo sentido, Lucila Haidar explicó que “el trabajo en los municipios lo vamos a poder desarrollar a través del Observatorio de violencia, que es una espacio de articulación donde todos los organismos provinciales con representación en los municipios, y los organismos locales van a contar con una coordinación y una clínica jurídica”.

La funcionaria del Ministerio de Gobierno y Justicia relacionó el trabajo en el marco del Protocolo para prevenir y erradicar la violencia con “la aplicación de la ley 10.186 que es de clausura de la totalidad de los prostíbulos en la provincia. Esta acción también tiene implicancia en nuestro Protocolo de violencia toda vez que la misma ley determina que se atenderá a las personas que se encuentre en estos lugares, porque la norma las considera presuntas víctimas de trata, por lo que se las atenderá, a partir de la ley 10.032, a través de un programa de atención y asistencia a las víctimas de trata y sus familiares”.

“A esto lo vamos a complementar con una ley que ya entró en tratamiento en la legislatura que es la de imposición de las multas a los dueños de estos locales y a quienes les alquilen, a efectos de evitar que se vuelvan a instalar bajo otro rubro, otra modalidad u otra denominación”, sostuvo la funcionaria.

Por último, dijo que “lejos de finalizar con una tarea, este protocolo nos ha dado una herramienta inicial para comenzar a caminar este camino en el que tenemos mucho por hacer”.

 

Fuente: Entre Ríos.

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