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Supermercadistas responsabilizaron a los proveedores por los faltantes

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Ejecutivos de todas las cadenas de supermercados de la provincia fueron convocados a Casa de Gobierno este miércoles para repasar la marcha del acuerdo de precios vigente. El vicegobernador José Cáceres, ministros, secretarios y equipos técnicos del Gobierno dialogaron con representantes de las cadenas Wal Mart, Día, Carrefour, Jumbo y Coto.

“Este acuerdo firmado a nivel nacional es política de Estado en Entre Ríos. Así lo definió el gobernador”, introdujo Cáceres. Pidió a los ejecutivos que “ayuden a que se vea reflejado en las góndolas” y advirtió sobre la decisión de aplicar sanciones si continúan las irregularidades. “Entendemos que puede haber un tiempo lógico de adaptación por parte de las cadenas, pero si no lo hacen lo consideraremos como faltas severas”, añadió el vicegobernador.

El ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, reforzó lo dicho por el vicegobernador y agregó: “Las cadenas de supermercados deberían valorar el proceso de fortalecimiento del mercado interno que se produjo en la Argentina en estos últimos años, después de décadas de destrucción de la capacidad de compra de los consumidores. Esta recomposición es algo que todos deberíamos cuidar: para nosotros es un capital político, para la gente es un derecho reconquistado y para las empresas es una fuente de generación de recursos”, instó.

Incumplimientos

El sábado comenzó en la provincia el dispositivo de control, a cargo de la Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno entrerriano. Se trabajó en 16 locales de Paraná y los monitoreos continúan en distintos puntos de la provincia. A la vez, voluntarios de distintas organizaciones realizaron acciones de concientización en las puertas de los locales.

Precios por fuera de lo convenido, diferencias en los valores en góndola con lo cobrado en la línea de cajas y faltantes de productos fueron algunas de las irregularidades detectadas, que motivaron que se labraran las actas correspondientes, informó el ministro de Producción, Roberto Schunk, de cuya cartera dependen los inspectores que ejecutaron los monitoreos.

Explicaciones 

Uno de los representantes de Wal Mart informó que trabajan en la empresa para cumplir con los precios pactados, con la señalética correcta y con el abastecimiento de los productos. Sobre este último aspecto, reconoció los faltantes de 70 productos en su local, pero indicó: “Más allá de que sea algo que hay que corregir, esto quiere decir que muchos clientes pudieron ir al supermercado, encontrar los productos del acuerdo, comprarlos al precio correspondiente y beneficiarse con el programa”.

Explicó luego que en los supermercados se trabaja con un ciclo de abastecimiento que se extiende por cinco semanas. “Si un producto que se comercializaba poco, ahora se empezó a vender mucho, habrá que esperar que se cumpla ese ciclo para que el abastecimiento se adecue”, precisó.

Ante la propuesta oficial de que los artículos en falta sean reemplazados por productos locales –así se hará, por ejemplo, con el azúcar Dominó, incluida en el acuerdo, que será suplantada por una marca envasada en la provincia-, advirtió el hombre de Wal Mart que el proceso de alta de un producto puede llevar “entre siete y nueve meses”.

El representante de Coto, a su turno, señaló a los problemas en el abastecimiento como la causa de los faltantes. “Estamos convencidos de que hay que cumplir con este compromiso, pero si no nos abastecen, no somos responsables. Los centros de distribución funcionan bien, pero si los proveedores cumplen en un 20 por ciento, el abastecimiento falla. Los faltantes, en nuestro caso, se deben a incumplimientos de los proveedores, que no entregan en tiempo y forma, o directamente no entregan la mercadería”, puntualizó.

Presión

Los demás ejecutivos coincidieron en señalar dificultades con los proveedores. También marcaron que notan ahora una mayor presión del Estado con la ejecución de actas y la mención a posibles multas y hasta clausuras. “Son cosas que no deberían ocurrir si nos podemos de acuerdo. Entendemos la importancia del tema, trabajamos para cumplir y no queremos que se llegue a instancias que serían complicadas”, advirtió uno de los gerentes presentes en el encuentro.

El representante de la cadena Día, que tiene 40 locales en el territorio provincial, informó que la empresa trabaja con el sistema denominado de “alertas tempranas”. Esto es advertir a los organismos competentes cuando un faltante se debe a problemas con los proveedores y deriva en que las posibles sanciones o multas no recaigan en las cadenas, sino que se redireccionen a los responsables.

También aseguró que se observa en los locales que la gente aprovecha los precios y, ante la posibilidad de faltantes, a veces compra más de lo habitual. “Estamos entendiendo estos volúmenes de crecimiento para poder cumplir. No escondemos mercadería y no tenemos motivos para hacerlo. Si se venden estos productos, también se van a vender los de al lado y los precios tenderán a estabilizarse”, dijo, y a la vez pidió “algo de flexibilidad a la hora de pensar en sanciones, ya que estamos dispuestos a charlar y a corregir cualquier dificultad que se presente”.

El diálogo con los supermercados quedó abierto y continuarán los controles y las acciones de concientización, extendidos en toda la provincia. Exceptuando a Día, presente en buena parte del territorio provincial, las demás cadenas tienen locales sólo en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Chajarí. Por eso se espera que la próxima reunión en la Casa Gris sea con los propietarios de autoservicios y supermercados de capitales locales, para establecer acuerdos que permitan extender el programa Precios Cuidados a todos los puntos de Entre Ríos.

A dar la pelea como en 2008

En paralelo a las acciones que comenzaron a implementarse el sábado, se vienen desarrollando en las últimas semanas encuentros de trabajo con presencia de varios organismos del Gobierno para avanzar en la implementación de lo que se piensa como una versión entrerriana que fortalezca el programa Precios Cuidados.

“El freno a la especulación salvaje es una batalla de fondo para defender la paz y el bienestar de los argentinos. Nuestro compromiso con la decisión de la Presidenta de preservar el poder adquisitivo de la gente es total. Por eso en la provincia vamos a llevar adelante un programa de acciones propias y otras con la comunidad para ayudar a cumplir este objetivo. No hay que ceder ante quienes quieren sacar ventajas atentando contra el bolsillo de los entrerrianos. Y menos aún ante quienes tienen conductas que buscan desestabilizar al Gobierno y a la democracia”, expresó días atrás Urribarri.

El ministro Báez publicó en su cuenta de Twitter: “El gobernador nos marcó el camino: le dio a esta pelea contra la especulación la misma dimensión de la batalla que dimos en 2008”, expresó, en alusión al conflicto con las patronales del campo a raíz de la resolución 125. “En ese entonces, no teníamos asignación universal, ni Procrear, ni YPF nacional, ni tantas otras conquistas de estos años. Lo que tenemos que defender ahora es mucho más grande y nuestro compromiso se redobla. Como en 2008, desde Entre Ríos vamos a estar al frente de la defensa de los intereses del pueblo y una vez más vamos a cumplir a rajatabla con lo que pidió Cristina”, enmarcó el funcionario.

En los encuentros de trabajo se avanza en el fortalecimiento de organismos y mecanismos de control existentes en la provincia y en el diseño de la campaña de concientización. También surgió la intención de convocar a una reunión a los industriales para estudiar la posibilidad de alcanzar un acuerdo en relación a los precios.

Otra de las acciones en análisis tiene que ver con garantizar una canasta básica para garantizar el abastecimiento y los precios justos a la población más desprotegida. Puntualmente, se estudia asegurar que las 53.000 familias que cuentan con una tarjeta social de Sidecreer (ley 4.035, comedores, alimentarias y celíacos) compren mercadería a los valores convenidos. Son unas 200.000 personas que consumen unos ocho millones de pesos mensuales.

Hubo en la semana reuniones con comisiones vecinales y se constató allí, del mismo modo que durante los operativos en los súper, que el inicio de los controles y de las acciones de concientización fueron bien recibidas en la comunidad.

Este miércoles, en la reunión con la Liga de Intendentes Justicialistas, el gobernador también les pidió a los presidentes municipales que se comprometan en la implementación en sus pueblos y ciudades del programa Precios Cuidados.

Para este viernes, están convocados los sindicatos con la intención de que se sumen a los controles, atento a la necesidad de generar compromiso en los trabajadores y en sus representantes hacia la defensa del salario.

La meta última, según se informó, es sostener acciones en el tiempo –el acuerdo de precios rige por 12 meses- y conformar un consejo provincial para el monitoreo de los precios y el combate a la especulación.

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