El Gobierno argentino va a cumplir con el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que a mediados de enero advirtió incompatibilidades de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) con la normativa internacional y en ese marco, elabora una propuesta respecto a los plazos y modificaciones que va a realizar al sistema de administración de comercio vigente, informó este martes por la tarde el secretario de Comercio, Augusto Costa.
El funcionario lo aseguró durante un encuentro que mantuvo con la prensa, en el que afirmó que la adecuación de la Argentina al fallo de la OMC «no va a significar ningún cambio del sistema, porque se va a trabajar en su implementación de manera que no afecte la dinámica delcomercio exterior argentino».
«El Gobierno argentino va a cumplir con el fallo de la Organización Mundial de Comercio y para eso está elaborando una propuesta respecto a los plazos y modificaciones que va a realizar al sistema de administración de comercio vigente», anticipó el funcionario al referirse al inicio de las conversaciones con los países demandantes ante la OMC, en Ginebra, según consigna la agencia Télam.
A mediados de enero, el órgano de Apelación de la OMC determinó que las declaraciones juradas para importar y otras medidas relacionadas al comercio exterior aplicadas por Argentina son incompatibles con la normativa internacional, a partir de las controversias planteadas por separado por Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.
Los países demandantes cuestionaban la implementación por parte de Argentina de la Declaración Juradas Anticipada de Importación (DJAI) y otros requisitos para los importadores, denominados Prescripciones Relacionadas al Comercio (PRC).
A la par de la voluntad de la Argentina de «cumplir el fallo», Costa aseveró que esta adecuación de la normativa vigente «no va a significa ningún cambio del sistema actual porque se va a trabajar para poder implementarlo de manera que no afecte la dinámica del comercio exterior argentino».
«Se está planteando en Ginebra una negociación en la que Argentina va a considerar sus necesidades de comercio para llegar a un resultado que sea conveniente para el país y también esté de acuerdo a las expectativas de estos países», explicó Costa respecto a la primera reunión que la Argentina mantuvo la semana pasada con los delegados de los países demandantes.
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Para el Gobierno, el fallo no implica la derogación de las declaraciones requeridas a los importadores sino la adecuación de su implementación a las normativas internacionales.
Respecto a esto último, Costa aseguró que «el sistema de DJAI cumple con los criterios que establece la Organización Mundial de Aduanas».
«En todo caso -agregó- si hay una cuestión puntual de implementación que hay que modificar el Gobierno no tiene problema en discutirlo con los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón tal como se manifestó en el desarrollo del caso».
El órgano de apelación de la OMC convalidó, en términos generales, las conclusiones del Grupos Especial o panel, conformado ad hoc para los tres reclamos planteados, y concluyó que tanto la medida DJAI como la PRC constituyen «una restricción a la importación de mercaderías» y, por lo tanto, son «incompatibles con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994», la normativa general que rige el comercio internacional de los países miembros de la OMC.
El informe no implica sanciones directas para Argentina en lo inmediato, ya que el procedimiento de Solución de Diferencias de la OMC representa, en primer lugar, un pedido al país en cuestión para adaptar las incompatibilidades, en un proceso con plazos establecidos y que conlleva a varias etapas de negociación.
Recién agotadas todas estas instancias sin resolverse la controversia, Japón, Estados Unidos o la Unión Europea, como reclamantes, pueden pedir autorización al OSD para aplicar, de manera unilateral, las llamadas «medidas de retorsión», como suspender la aplicación de concesiones y obligaciones a Argentina.
Estas medidas, que deben ser temporales y vigiladas, consisten en el aumento de los derechos de importación a niveles tan elevados que resulte demasiado caro exportar, en general, sobre el mismo sector en que haya surgido la controversia.
La demanda fue iniciada por la Unión Europea en mayo de 2012, y en agosto del año siguiente Estados Unidos y Japón presentaron los mismos reclamos.![0008205866]()
